El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el jueves sanciones y prohibición de ingreso al país para cualquier funcionario de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue a tropas estadounidenses, aumentando la presión para frenar un caso de presuntos crímenes de guerra en Afganistán.

En una orden ejecutiva, Trump anunció que Estados Unidos bloquearía los bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense de cualquier miembro del tribunal con sede en La Haya involucrado en la investigación o enjuiciamiento de las tropas estadounidenses, y dijo que denegaría el visado de ingreso al país a estas personas y sus familiares.

La Casa Blanca dijo que Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma que constituyó la CPI en 1998, y por lo tanto desconoce su jurisdicción.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestra gente se ve amenazada por un tribunal falso, y no lo haremos”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una comparecencia ante los medios.

Y dirigiéndose a los aliados de Estados Unidos, advirtió: “Su gente podría ser la próxima, especialmente aquellos de países de la OTAN que lucharon contra el terrorismo en Afganistán junto a nosotros”.

Desde La Haya, el tribunal respondió que su presidente, O-Gon Kwon, “rechaza las medidas adoptadas contra la CPI”, calificándolas de “sin precedentes” y diciendo que obstaculizan el “esfuerzo común por combatir la impunidad y garantizar que se cumpla la obligación de rendir cuentas por atrocidades”.

El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, alegó, sin dar detalles, que Rusia y otros adversarios de Estados Unidos han estado “manipulando” la CPI.

“Esta institución se ha convertido, en la práctica, en poco más que una herramienta política empleada por élites internacionales que no rinden cuentas”, dijo ante los periodistas.

– “Desprecio por el Estado de derecho” –

En cambio, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó “seria preocupación” y afirmó que la Corte “debe ser respetada y apoyada por todos los países”.

La ONG de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch dijo que la orden de Trump “demuestra desprecio por el Estado de derecho global” e impide que se haga justicia en víctimas de delitos graves, ya sea en Afganistán, Israel o Palestina.

Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, saludó la decisión de Trump, uno de sus aliados más cercanos, asegurando que la CPI “está politizada”.

“La CPI afirma que los judíos que viven en su patria histórica cometen un crimen de guerra. Es ridículo”, afirmó sobre la intención de la CPI, fuertemente opuesta por Washington, de investigar presuntos crímenes de guerra en los territorios palestinos.

Trump ha emprendido una campaña contra instituciones multilaterales que considera que van en contra de los intereses de su país, y recientemente anunció su decisión de cortar los lazos con la Organización Mundial de la Salud (OMS), acusándola de ser una “marioneta” de China durante su gestión de la pandemia.

– Ira de larga data –

Después de un largo proceso legal, la CPI dio luz verde en marzo a continuar una investigación sobre la guerra afgana, la de mayor duración en las que ha participado Estados Unidos.

Indignado ante esa posibilidad, el gobierno de Trump revocó el año pasado la visa estadounidense de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, nacida en Gambia, para presionar por el fin de esa pesquisa. Pero los jueces dijeron que la investigación podría continuar, revirtiendo un rechazo inicial de la solicitud de Bensouda.

En virtud de la orden de Trump el jueves, las restricciones de visado se extenderán a cualquier funcionario judicial involucrado en investigaciones sobre las fuerzas estadounidenses.

Estados Unidos argumenta que tiene sus propios procedimientos para investigar las acusaciones contra sus tropas.

“Estamos comprometidos a descubrir y, si es posible, responsabilizar a las personas por sus irregularidades, cualquier irregularidad”, dijo Barr.

Sin embargo, Trump usó sus poderes ejecutivos el año pasado para exonerar a tres militares por crímenes de guerra, incluidos en Afganistán.

Entre ellos estaba Eddie Gallagher, quien había sido condenado por un tribunal militar por apuñalar con un cuchillo de caza a un prisionero de guerra del grupo yihadista Estado Islámico en Irak. La decisión de Trump generó molestia en el ejército estadounidense.

El rol de la CPI, instalada en 2002, ya había sido criticado por Washington. El presidente republicano George W. Bush (2001–2009) alentó a los países a evitarla. Su sucesor, Barack Obama, adoptó un tono menos belicoso, aunque sin adherir tampoco al Estatuto de Roma.

Bensouda desea examinar no solo los supuestos crímenes cometidos desde 2003 por los soldados talibanes y afganos, sino también los que hubieran podido cometer las fuerzas internacionales, sobre todo las tropas estadounidenses.

La fiscal también busca investigar acusaciones de tortura que pesan sobre la CIA.